Tras el cierre del proceso electoral de 2026, la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú abre un nuevo capítulo en la estructuración del Estado para el quinquenio 2026-2031. Con una ventaja estrecha confirmada por los organismos electorales y a las puertas de asumir el mando este 28 de julio, el plan de gobierno de Fuerza Popular plantea una estrategia donde la tecnología se convierta en el eje transversal de tres frentes de crisis: la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la formalización de la propiedad.
Sin embargo, el despliegue acelerado de estas soluciones, particularmente aquellas que involucran Inteligencia Artificial y vigilancia biométrica, proyecta un intenso debate sobre la privacidad de los datos, el margen de error algorítmico y la capacidad técnica real del sector público para gestionar estas herramientas.
La apuesta tecnológica
A diferencia de campañas anteriores enfocadas en la reforma de infraestructura tradicional, el documento de gestión presentado para este periodo integra herramientas de inteligencia artificial, automatización y bases de datos unificadas en áreas clave.
En materia de seguridad pública, se propone la creación de Centros de Comando Interconectados con IA orientados a la predicción del delito. El plan incluye la integración de cámaras urbanas dotadas de software de reconocimiento facial y análisis de patrones en tiempo real para apoyar las labores de patrullaje de la Policía Nacional.
Para el ámbito de las compras públicas, la propuesta plantea el desarrollo de un sistema piloto de IA en contrataciones del Estado. Este software tendrá como objetivo analizar licitaciones, contratos y adendas de manera automatizada para detectar sobrecostos, patrones de colusión y anomalías presupuestales antes de la ejecución de las obras.
Se plantea la creación de una “Ventanilla Única de Formalización”, impulsada por algoritmos de procesamiento documental para acelerar los trámites de titulación de tierras y reducir la carga burocrática para las micro y pequeñas empresas (MYPE).
El reto institucional. Implementar la ENIA y el marco legal vigente
Un aspecto central para el análisis de este plan es su interacción con el ecosistema legal ya existente. El nuevo gobierno asumirá el control del Estado en un contexto donde el reglamento de la Ley de IA (Ley 31814) y la recién oficializada Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA 2026-2030) exigen evaluaciones de riesgo ético y la presencia obligatoria de supervisión humana en cualquier decisión que afecte derechos fundamentales.
El éxito o fracaso de estas propuestas no dependerá únicamente de la adquisición de licencias de software o plataformas avanzadas. La verdadera prueba para la administración entrante radicará en la capacidad de capacitar al cuerpo de funcionarios públicos, proteger la infraestructura crítica del Estado frente a ciberataques y garantizar que el uso masivo de datos no vulnere los derechos de la ciudadanía en el Perú de los próximos cinco años.
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Adrian Grados Redactor Digital Gobierno Digital Online |
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