PERÚ. El 10 de septiembre marcó un punto de inflexión silencioso pero determinante para el ecosistema tecnológico peruano: venció el primer plazo formal de adecuación obligatoria establecido por el Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial (Decreto Supremo N° 115-2025-PCM). La disposición exigía a cinco sectores estratégicos (salud, educación, justicia, finanzas y seguridad) para implementar matrices de evaluación de impacto algorítmico, auditorías de riesgo y protocolos de supervisión humana. Sin embargo, el nivel de asimilación real tanto en el aparato estatal como en el sector privado deja al descubierto una preocupante brecha operativa.
Esta falta de cumplimiento no solo evidencia un retraso técnico frente a la normativa; representa un golpe directo contra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), el instrumento rector con el que el Perú aspiraba a liderar la gobernanza de datos y la adopción algorítmica responsable en la región andina.
Limbo operativo de los 5 sectores estratégicos
La entrada en vigor estricta de las exigencias del D.S. N° 115-2025-PCM encuentra a los sectores críticos en situaciones de alta vulnerabilidad técnica:
Justicia y Seguridad - El aumento de herramientas de analítica de delitos y transcripción procesal sin auditorías abre la puerta a sesgos sistemáticos en decisiones penales y riesgos procesales de nulidad por falta de explicación algorítmica.
Salud - El uso de algoritmos de soporte para diagnóstico por imagen o triaje hospitalario sin validación clínica ni certificación de gobernanza de datos clínicos expone información biométrica ultra-sensible de pacientes.
Finanzas y Educación - El despliegue no auditado de modelos para calificación crediticia amenaza con profundizar la exclusión financiera informal, mientras que las plataformas educativas automatizadas operan sin filtros que aseguren la protección cognitiva y de datos de menores.
El colapso estructural de la ENIA
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial fue concebida como la columna vertebral para articular al Estado, la academia y la industria tecnológica bajo estándares éticos y competitivos. La falta de cumplimiento del reglamento debilita sus pilares fundamentales.
Pérdida de la interoperabilidad y soberanía de datos - Sin estándares unificados de registro y gobernanza, cada ministerio y entidad privada despliega soluciones aisladas (islas de datos), excluyendo la promesa de la ENIA de un Estado digital interconectado.
Freno a la inversión y cooperación internacional - Los acuerdos de transferencia tecnológica (con bloques como la Unión Europea o potencias asiáticas) exigen marcos regulatorios funcionales y auditables. Un país con normativas vigentes pero inaplicables genera incertidumbre jurídica para la inversión Deep Tech.
Dependencia tecnológica extrema - Al no haber incentivos ni filtros de auditoría, las instituciones optan por adquirir inteligencias extranjeras en lugar de fomentar el desarrollo local de modelos adaptados a la realidad lingüística y socioeconómica del Perú.
¿Quién audita al algoritmo?
El vencimiento del plazo pone sobre la mesa el desafío de la administración pública.
Falta de auditores algorítmicos certificados - La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) y los entes rectores sectoriales carecen del cuerpo técnico multidisciplinario suficiente (ingenieros de datos, juristas tecnológicos y éticos) para auditar modelos complejos en producción.
Inexistencia de 'Sandboxes' regulatorios activos - La normativa exigía espacios controlados de prueba para que las empresas y entidades públicas validaran sus modelos antes del despliegue masivo; sin embargo, la falta de infraestructura de cómputo público ha dejado estos entornos en fases poco pulidas.
El costo del cumplimiento para la innovación local - Exigencias burocráticas no acompañadas de capacitación técnica amenazan con sofocar a las startups y laboratorios universitarios locales, mientras los gigantes tecnológicos foráneos operan al margen de sanciones efectivas.
Gobernar el código antes de que sea tarde
El vencimiento de este primer plazo del D.S. N° 115-2025-PCM no debe asumirse como un simple trámite rezagado, sino como una alerta temprana sobre el rumbo digital del país. La inteligencia artificial no esperará a que las instituciones peruanas se pongan al día; continúa transformando la justicia, el crédito, la salud y la seguridad de millones de ciudadanos. Si el Estado no asume el liderazgo técnico para hacer cumplir su propio marco regulatorio, la ambiciosa promesa de la ENIA quedará reducida a un ejercicio teórico, dejando de lado la soberanía y el futuro tecnológico del Perú.
Resumen
El plazo vencido - El 10 de septiembre concluyó la primera ventana de adecuación al D.S. N° 115-2025-PCM para sistemas de IA en salud, educación, justicia, finanzas y seguridad.
El núcleo normativo - Exigencia de registros públicos de algoritmos de alto riesgo y trazabilidad de datos de entrenamiento.
El riesgo para la ENIA - La desarticulación institucional debilita las metas de la Estrategia Nacional de IA, amenazando con convertir al país en un importador ciego de modelos sin soberanía algorítmica.
Impacto sectorial - Desde vulneraciones de privacidad médica y sesgo crediticio hasta la invalidez procesal de pruebas digitales en el sistema judicial.
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