Se confirmó hace menos de una semana que la documentación suprimida en el hackeo masivo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ascendió a la cifra de 1,7 millones de registros eliminados. Entre los distintos archivos desaparecieron multas a empresas de telecomunicaciones y transporte, contratos millonarios con constructoras y procesos contra funcionarios de alto nivel.
La responsabilidad recae sobre Patrick Muñante Loayza, analista de seguridad de la OITSI, a quien se le imputó el acceso no autorizado y la inhabilitación de cuentas de dominio y administrativas. Esto afectó a directivos, técnicos y locadores de la entidad, comprometiendo la data y los servicios virtuales de la institución durante las seis horas que permanecieron expuestos.
Muñante sostuvo haber recibido instrucciones verbales directas del titular del sector, Aldo Prieto Barrera; de Fernando Silva (quien no ejercía funciones en el MTC en la fecha del incidente) y un presunto correo de Tomasa Rubio Guarderas, secretaria del Despacho Ministerial.
El informe detalla que el material valioso correspondiente al periodo entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre no puede ser visualizado; asimismo, no cuentan con una copia de seguridad del 1 al 4 de octubre, por lo que se calificó el hecho como pérdida total de información.
En esta etapa se estima que las constantes vulneraciones explican las reiteradas caídas en la emisión de brevetes y el otorgamiento irregular de licencias a personas invidentes. Todo ello estaría vinculado a una presunta mafia que opera al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Fuentes: El Foco - ATV Noticias
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