En una decisión que redefine el panorama logístico y tecnológico de las próximas Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó que el sistema de voto digital no será aplicado. La medida se basa en la falta de condiciones mínimas para asegurar la integridad, accesibilidad y seguridad cibernética del proceso en el cronograma establecido.
La resolución ha generado una respuesta inmediata por parte de la ONPE. Katiuska Valencia, asesora de la jefatura de dicho organismo, señaló que aún están a la espera del informe técnico detallado que sustenta la inviabilidad.
La tensión entre ambas entidades escaló ante la posibilidad de que la ONPE presente una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional, buscando defender su autonomía en la organización operativa. Sin embargo, desde el JNE se enfatizó que, si bien la ONPE organiza la operatividad, es el Jurado quien garantiza la legalidad y tiene la última palabra en la justicia electoral, palabras directas de Roberto Burneo.
Un punto clave en esta controversia tecnológica es la auditoría internacional que la ONPE recibirá este 30 de diciembre. Según Valencia, los resultados de este examen externo podrían contrastar con la postura del JNE, lo que añade incertidumbre sobre si la decisión de suspender el voto digital es estrictamente técnica o también política.
La cancelación del voto digital afecta directamente a sectores específicos de la población que ya estaban inscritos en este sistema, tales como miembros de las fuerzas armadas, el cuerpo de bomberos y los doctores en situación especial de movilidad.
Ante este nuevo escenario, la ONPE aclaró que estos ciudadanos deberán acudir a votar de manera presencial en sus locales asignados o, en su defecto, acogerse a las exoneraciones y multas establecidas por el reglamento vigente.
La decisión del JNE representa un retroceso para la modernización del sistema electoral peruano a tan solo 4 meses y medio de las votaciones presidenciales, poniendo en evidencia los retos de infraestructura y ciberseguridad que aún enfrenta el país. Por ahora, la boleta de papel y la presencia física seguirán siendo el estándar de confianza para el 2026, mientras las instituciones electorales resuelven una disputa que podría llegar hasta las más altas instancias judiciales.
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