Aprueban Plan institucional 2020-2030. La lucha anticorrupción constituye objetivo del decenio.
En los próximos 10 años, el Poder Judicial (PJ) incidirá principalmente en la transformación digital, el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción y en la mejora de la calidad del servicio de justicia para convertirse en una organización proactiva en la solución de conflictos de manera oportuna, eficaz y transparente.
Así lo revela el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030, aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República tras su elaboración con participación de jueces de todos los niveles y funcionarios judiciales.
Objetivos
Este documento de planificación estratégica a largo plazo, que se actualizará e implementará en forma progresiva y gradual, contiene nueve objetivos institucionales con las respectivas políticas que hasta el 2030 orientarán el Gobierno y la administración del PJ.
Entre los objetivos destaca la transformación digital cuya implementación implica la gestión por procesos eficiente, la instauración de un sistema de gestión de calidad (ISO 9001), la elaboración y ejecución de un plan de gobierno digital, el Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal y No Penal, un modelo de desarrollo de software y los servicios de tecnología gestionados.
Además, la creación del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, la implementación de un repositorio de resoluciones judiciales y la reorganización de la gerencia general en el contexto de la transformación digital.
El fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción con el desarrollo de una cultura organizacional de integridad y de ética en la entidad judicial constituye otro de los objetivos estratégicos.
En esa línea, en el plan se propone modificaciones a la Ley de la carrera judicial, así como el establecimiento de un sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a los magistrados y personal jurisdiccional. También la creación de un sistema eficiente de denuncias contra la corrupción unificado en la institución con participación ciudadana.
Otro de los objetivos institucionales consiste en impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia por medio del perfeccionamiento de los procesos jurisdiccionales sobre la base de una gestión pública orientada a resultados en beneficio del ciudadano.
Se pretende, también, efectuar cambios de mejora organizacional y de gobierno, que implican cambios en la Ley Orgánica del PJ para que su estructura y organización respondan a las demandas sociales.
Como otro objetivo institucional estratégico figura obtener la asignación presupuestal necesaria para el óptimo funcionamiento del Poder Judical.
Con ese fin, se plantea modificar la Constitución Política para que se asigne a este poder del Estado un porcentaje fijo del presupuesto general de la República, de acuerdo a la marcha de la economía nacional.
Para el período 2020-2030 se trazan de igual modo como objetivos estratégicos, el fortalecer el papel de la judicatura como poder del Estado, mejorar el diseño del flujo de litigiosidad atendido por el Poder Judicial, fortalecer los recursos estratégicos e implementar la gestión interna de riesgo de desastres.
El plan se elaboró producto de 720 horas de trabajo en gabinete, tres talleres de trabajo con la participación de 260 jueces y funcionarios, una encuesta nacional dirigida a las cortes superiores, 40 entrevistas a magistrados y funcionarios, así como 18 reuniones de trabajo con el gabinete de asesores de la presidencia, gerencias de línea y secretaría técnica de la comisión de planificación.
Trascendencia
A criterio del jurista Nelson Ramírez Jiménez, interesa mucho el objetivo de enfrentar la corrupción, para lo que se propone reformar la Ley de la Carrera Judicial, entre otros mecanismos. “Es evidente que este debiera ser el primer y gran objetivo, pues es conocida la grave situación que atraviesa el sistema”. Aquí, dijo, deberá jugar un papel relevante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el PJ debería tener otra actitud frente a los concursos que se llevan a cabo para elegir a los nuevos magistrados. “No debieran serles indiferentes; por el contrario, deberían colaborar para que se elijan a los mejores, fiscalizando las candidaturas”. Considera que la reforma de la Ley Orgánica del PJ también es urgente y muy bueno que esto se ponga como objetivo. “El tema de las nulidades procesales y la grave violación del plazo razonable deben ser tomados en cuenta para calificar la idoneidad de los magistrados”.
Fuente: El Peruano
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