INFLUENCERS DEBEN TENER TÍTULOS PARA DIVULGAR INFORMACIÓN

En una sesión clave para el futuro del ecosistema digital peruano, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, el 1 de diciembre del presente año, recibió a destacados especialistas del sector para debatir la viabilidad técnica y legal de regular la creación de contenido en internet. Aunque el polémico Proyecto de Ley 13313/2025-CR fue retirado por su autor, el congresista Wilson Soto, la mesa de trabajo sirvió para sentar las bases sobre cómo el Estado debe o no intervenir en las dinámicas digitales.

Durante el debate, se evidenció una preocupación unánime por la "inflación normativa" en materia digital. Eric Iriarte, presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, advirtió que el Perú ya cuenta con más de 4,000 normas regulatorias en diversos grados. Iriarte enfatizó que el enfoque legislativo es erróneo al intentar regular la tecnología en lugar de las conductas humanas, las cuales ya están cubiertas por el Código Civil y Penal vigente.

"No se puede regular tecnología por la tecnología", señaló Iriarte, recordando que el control previo de contenidos que vulneran tratados internacionales como el Pacto de San José.

Desde una perspectiva de innovación económica, Jorge Ramírez, CEO de Collabs, propuso replantear la visión del Estado sobre los creadores de contenido. En lugar de sancionar estas acciones, sugirió un modelo de formalización similar al que impulsó el ecosistema de startups hace una década.

Ramírez argumentó que la industria de influencers genera empleo directo e indirecto y mueve millones de dólares, por lo que un registro nacional debería venir acompañado de beneficios tributarios y reconocimiento como pequeños empresarios, permitiendo la deducción de gastos operativos (equipos, producción) que hoy no son reconocidos.

El debate también abordó la inviabilidad técnica de exigir títulos profesionales para la difusión de información, uno de los puntos más controversiales del proyecto retirado. Stanley Félix Vega, abogado y creador de contenido, alertó que exigir "veracidad y objetividad" bajo amenaza de sanción convierte al Estado en un ente paternalista que atenta contra la libre determinación. Además, señaló que restringir la opinión a "especialistas certificados" discrimina y excluye conocimientos válidos como los heredados o las experiencias personales.

Por su parte, el creador de contenido Flavio Gálvez abogó a favor por mecanismos de autorregulación, citando modelos como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, en lugar de una intervención estatal que podría derivar en censura política, y sugiriendo la creación de un gremio de influencers.

Algoritmos y Moderación de Contenido

En otro punto de la agenda, la Comisión aprobó un dictamen de inhibición respecto al Proyecto de Ley 13268/2025-CR sobre discriminación en plataformas. La decisión se basó en un criterio técnico: las redes sociales ya operan con sistemas complejos de moderación humana y algorítmica para detectar y eliminar discursos de odio. La Comisión concluyó que legislar sobre delitos de discriminación corresponde al ámbito penal y de justicia, no a la infraestructura tecnológica de las plataformas.

GovTech: Hacia la justicia digital integrable

Finalmente, alineado con la transformación digital del Estado, se sustentó el Proyecto de Ley 12769/2025-CR, que propone la creación del Sistema Unificado de Trazabilidad Informática del Proceso Penal (SUTIPP).

Esta iniciativa busca la interoperabilidad total entre las bases de datos de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. El sistema utilizará estándares de ciberseguridad, firma digital y verificación biométrica para garantizar que la información fluya en tiempo real, eliminando la duplicidad de registros y modernizando la administración de justicia en el país.

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